Escribe Silvio Schachter – publicado originalmente en http://silvioschachter.blogspot.com/

“Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos”. Eduardo Galeano

Durante el gobierno Carlos Saúl Menem en la década de 1990, se  generaron las condiciones legales, institucionales, económicas y productivas para avanzar fuertemente en lo que hoy entendemos como agronegocios y megaminería.

Fue en su  gobierno  que otorgó a las provincias el control de los bienes comunes.  Es este desplazamiento  uno de los pilares de la expansión reciente del extractivismo. El boom minero argentino, relacionado con la falta de limitación para explotar a cielo abierto, tuvo su expresión legal en la Reforma de la Constitución de 1994 dónde se estableció para la minería, al igual que con los hidrocarburos (ley Nº 24.145/91), que las provincias eran propietarias de todos los recursos del subsuelo “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124).

Tambien durante el menenmismo, el  25 de marzo de 1996, y solo a través de una resolución interna, Nº 167/96, del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina, Ing. Agr. Felipe Solá, se aprobaba la liberación comercial de la soja HB4, genéticamente modificada por Monsanto, resistente al herbicida glifosato, Round-up.  El campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y la producción de otros cereales tradicionales.

Se trata de bienes que tienen nulo o escaso valor agregado y que son considerados materias primas. Se los convierte así en  “mercancías” o “recursos” que se venden al exterior del país a muy bajo precio. Usualmente se los denomina commodities.

La historia del saqueo colonial de nuestra tierra, se actualiza hoy con los nuevos métodos  de  producción y explotación. La  criminal conquista de América tuvo  esa impronta expoliadora básicamente oro y plata y luego tierras fértiles, estuvo amparada en el racismo europeo con su relato de superioridad, de progreso civilizatorio y evangelización cristiana. Hoy son  las corporaciones internacionales y nacionales y sus referentes políticos y mediáticos, los que   reproducen la racionalidad neocolonial, que nos habla de desarrollo, trabajo y bienestar.

Entre el glifosato y el cianuro, envenenando la tierra, el aire y el agua

La sojización ha transformado a nuestra producción agropecuaria en un monocultivo, hecho peligroso desde el punto de vista ambiental, económico y estratégico respecto de la estructura productiva del país. Con alrededor de 35 millones de hectáreas sembradas, que representan el 15 % de la superficie global de transgénicos, Argentina está posicionada como el tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados (GM), después de Estados Unidos y Brasil.

El objeto de nuestra producción agrícola no es producir alimentos para el consumo de nuestra población, exportando el remanente, sino que todo el sistema agrícola del país está puesto al servicio de producir materias primas para la exportación a los países industrializados.

La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones de alimentos. De tal forma, entre 2002-2004 la superficie agrícola total era de 27 millones de has., hoy ya alcanza los  35 millones de has, equivalente al 12.5% de la superficie total del país. Mayor que el total de la superficie sembrada con todos los cultivos juntos en 1995, antes de la aprobación de la soja transgénica

Esto implica que para llegar al monocultivo de soja, de  los 35 millones de hectáreas actuales, se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. El aumento del precio de los alimentos de primera necesidad como las hortalizas, las frutas, los lácteos y los diferentes productos cárnicos, tiene relación directa con la disminución constante del área destinada a su producción, ante el avance arrollador de la soja forrajera.

El uso masivo de agrotóxicos –principalmente herbicidas– en forma permanente, y no sólo glifosato, sino una larga lista de productos de altísima toxicidad, algunos prohibidos en los países centrales, como el  endosulfán, el diquat y el paraquat,  son productos altamente cancerígenos. Estudios del Instituto Curie francés confirman que el glifosato en su forma comercial más habitual, el Round-up, es disparador de los mecanismos formadores del cáncer. Hechos confirmados en múltiples zonas del país, entre los más conocidos el  caso del barrio Ituzaingó de Córdoba o el de Loma Sene en Formosa.

El otro aspecto de gravedad ambiental inusitada que alienta la sojización, es la selección de malezas resistentes y contaminaciones genéticas verticales y horizontales irreversibles, a través de transgenes y uso masivo de herbicidas, con efectos futuros apenas entrevistos.

Cada 500 has de soja RR se genera un solo puesto de trabajo, destruyendo 9 de cada 10 puestos de trabajo efectivo. Por el contrario 100 has destinadas a la agricultura familiar producen 35 puestos de trabajo reales, sin contaminación ambiental alguna y sin costos sociales. Este último proceso está vinculado también a uno de los efectos más graves producidos por la sojización, como es el arrasamiento del monte nativo, hasta prácticamente su eliminación total.

La megaminería es una explotación químico extractiva de los recursos minerales a gran escala. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos, como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca.

Utiliza toneladas de sustancias contaminantes, requiere una elevada cantidad de energía eléctrica y combustibles fósiles, utiliza grandes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo, genera drenaje ácido,  y metales pesados que contaminan las aguas superficiales y subterráneas y todo lo que rieguen a su paso.

Una mina a cielo abierto, puede utilizar al día 9 toneladas de explosivos y 5 millones (5.000.000) de litros de agua. La cantidad de agua que necesita una familia por 20 años, la empresa minera la gasta en 1 hora. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro.

Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Contamina el aire emitiendo miles de toneladas diarias de elementos químicos tóxicos, contaminantes y de polvo; y genera la lluvia ácida. Contribuye al cambio climático provocando el calentamiento del planeta.

 En todos los territorios donde avanza el extractivismo se vuelve imposible la vida,  allí no hay relación de lo humano  con la naturaleza solo el extractivismo depredador. Hay una relación directa de este cuadro con la distribución de la tierra cada vez más concentrada  y el hacinamiento en asentamientos pobres en las grandes ciudades.

Todos juntos para que nada cambie

Así lo expreso Alejandra Cardona,  directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM)  “Es la primera vez que pasa,  la minería se impuso en los discursos de los principales partidos políticos de cara a una elección presidencial. Todos hablan de minería, y ese es el dato que nosotros tomamos. Los candidatos de los  principales espacios hablaron a favor” y continuo  “Bolivia y Chile tienen un fuerte componente de presencia del Gobierno y ciertas normativas que vuelven menos atractivo el destino para el inversor, aun cuando las condiciones económicas puedan ser un poco mejores”  ”

Ningún gobierno desde la dictadura a esta fecha, cualquiera fuera su color, hizo nada para revertir esta situación de  expoliación de la naturaleza y sus consecuencias sobre la vida humana. Todos los candidatos presidenciables y quienes los sustentan,  Milei, Bullrich y Massa,  apuestan a  desarrollar aún  más la megaminería, el agronegocio y la extracción petrolera a base de fraking , entre otras explotaciones de la naturaleza. Un modelo que asegura violación de derechos humanos, autoritarismos, y más pobreza y dependencia.

El yacimiento Bajo la Alumbrera consume más del 80% de la energía que consume toda la provincia de Catamarca. Si prosperan los proyectos Agua Rica y Pascua Lama, como quiere el gobierno, entre los tres van a consumir el equivalente a toda la energía que genera la central nuclear Atucha. Mientras se llama a ahorrar energía y suben las tarifas,

Como señala  Guadalupe Oliviero:“ Entregamos todo: agua, petróleo, minerales, humedales, bosques (estamos entre los 10 países del mundo con más deforestación), gas, soja, animales…  sin embargo, tenemos el 43% de pobres y 8% de indigentes”

Son 87 los proyectos mineros en distintos estados de avance. Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación. Los proyectos principales son 19, hay de litio, oro, plata, plomo, zinc, borato, carbón y canteras a lo largo de todo el país. Y después un listado de unos 30 con un grado de maduración avanzado. Los proyectos de litio en las provincias del norte son los que más están avanzando y hay muchos que para 2025 estarán en producción porque ya cerraron sus condiciones legales.

El ministro de medio ambiente  durante el gobierno de Mauricio Macri, Sergio Bergman, en un acto de cinismo explícito, ante la pregunta  de un periodista ambientalista : ¿Podemos ponerle a la minería el adjetivo de sustentable? declaró “ No, porque es una actividad extractiva y sabemos cómo usa sus  insumos.  Decir que es sustentable  es una aspiración”. Y agregó en relación a los agrotoxicos  “Una ley que todavía está pendiente,  es la ley de fertilizantes. Al no estar regulado su uso y su aplicación, tenemos una deuda con la salud”. Por algo el  hecho más recordado de su  gestión, basada en el dejar hacer, fue su disfraz de vegetal.

Si no es sustentable, ¿qué tiene que ser? ¿Responsable? No, es otro slogan. Minería, regulada por la ley es un paraguas agujereado.  Como tantas otras leyes y reglamentaciones caen en la trampa  burocrática, recorren   instancias formales que precisan cumplirse para que los extractivismos avancen. El control está en manos de  funcionarios que son testaferros de las propias mineras.

En 2008 el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, presionó para que  no se  promulgará la norma sobre glaciares que haría caer una millonaria inversión de la canadiense Barrick Gold en la provincia. Su hermano, el senador César Gioja, y al secretario de Minería Jorge Mayoral, son parte de empresas de explotación y exploración minera.

 Al llegar a la presidencia, Mauricio Macri, hizo honor a su compromiso electoral con los empresarios y  eliminó todas  las retenciones a la minería, una regalo con pocos precedentes en el mundo,  quitando  además los pocos controles existentes en una de las actividades más contaminantes y destructivas de los bienes comunes.

Entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015, se produjo la peor catástrofe ambiental por derrame de efluentes mineros de la historia argentina. Fue en la mina Veladero, en San Juan, operada por la empresa canadiense Barrick Gold(BG) y contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio, entre otros metales pesados. Este tipo de episodios en su Proyecto Veladero no fueron aislados, sin embargo la empresa alargó el período de sus actividades extractivas por una década más, exponiendo a los habitantes de la región. A ocho años de aquel desastre, todavía nadie rindió cuentas. En su momento fueron procesados  los ex secretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso, durante el  gobierno de Crisitina Fernandez  pero ningún empresario de la BG paso por la justicia.

Derribando el mito de la megaminería como principal generadora  de trabajo, el dato  en  San Juan es que  las zonas mineras tienen las tasas de desempleo más altas de la provincia.

El maridaje  entre instituciones públicas  y empresas es ominoso. Los proyectos buscan generar mercancías para demandas privadas y el Estado es el proveedor de servicios y personas. Actualmente científicos y técnicos de YPF realizan trabajos a pedido de  las empresas que se quedarán con las concesiones.

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, de quien  aún se intenta saber qué hizo o cuál es su preparación para estar ahí, sigue en  la línea  del presidente ausente y como el rabino verde,  su política es dejar hacer. Cero controles a las mineras, ninguna política ante la deforestación, se suceden feroces incendios  en el todo el país, se multiplica el uso  de agrotoxicos, se privatizan las costas de ríos y lagos, se destruyen humedales,  aumenta la sequía y  avanza la crisis hídrica, el ministro  no sabe no responde, a pesar de las  sesiones espiritistas para invocar su presencia.

El proyecto consensuado  de la ley de Humedales, fue presentado infructuosamente  cuatro veces para su tratamiento parlamentario, por primera vez hace casi  10 años. El ministro Cabandie, que previamente a las legislativas de 2021 se había comprometido a apoyar la propuesta, presentó el 11 de julio de 2022 ante el COFEMA, un nuevo proyecto que borra las principales normas del original y tal como denuncia la Multisectorial, “es funcional a los lobbys,  del extractivismo y el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado y busca satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados «Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto señaló Patricia Pintos geógrafa y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) y agregó : “fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socio-ambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley.  Desde la promulgación de la ley de bosques nunca se cumplió con el presupuesto que debería ser destinado al fondo de conservación

Juan Cabandié, despegó al Gobierno nacional de la sanción de la Ley 7.722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería, y expresó su “preocupación” por los incidentes ocurridos tras las multitudinarias protestas en la provincia cuyana.

Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cuestionó la medida y llamó al Poder Ejecutivo a dejar de fortalecer al “campo concentrado, a las multinacionales del agrotóxico y a los sectores financieros” y a apoyar, en cambio, a quienes luchan para que “el alimento sea un derecho y no una mercancía”. “El dólar soja muestra que el Gobierno piensa el campo con las patronales y quienes se beneficiaron acumulando granos, chantajeando y  especulando   con la devaluación”.

Si alguna duda queda como se piensa el medio ambiente desde el gobierno, fue l el nombramiento de  Antonio Aracre, ex CEO durante décadas  de Syngenta,  como jefe de asesores. La empresa de origen suizo es parte de un grupo  integrado por miles de empresas liderado por China con presencia en más de 100 países .Tiene en Argentina unos 389 productos registrados y unos 166  con principios activos autorizados. En 2022 el mercado más grande fue América Latina. Syngenta fue clave en la sojización transgénica que tanto daño hizo en el corrimiento de la frontera agroecológica. Es el segundo grupo que más agrotoxicos produce y  vende en el mundo,  después de Monsanto- Bayer. En pocos días se recogieron 17.000 firmas reclamando su renuncia con el encabezado “ Syngenta y el negocio de envenenar” La porosidad entre el gobierno y la oposición quedó expuesta cuando Aracre renunció como jefe de asesores del presidente y pasó a apoyar la campaña de Bullrich . En su lógica de CEO, es el pase de una empresa a otra.

Las comunidades que en estos 40 años se han manifestado de manera persistente en contra del modelo extractivista, han sido víctimas de reiteradas y diferentes formas de represión, carcel persecución. Son innumerables los incidentes y crímenes de las corporaciones y sus referentes políticos,  desde el repudio al plan Arcioni en Chubut y a su respuesta represiva,  gobernador provincial y miembro  calificado del partido Renovador de Massa, hasta la barbarie desatada por Gerardo Morales en Jujuy contra los pueblos originarios que defienden  la tierra ante la voracidad de las mineras y la corruptela política que aprobó la reforma constitucional. Su candidatura a vicepresidente junto a Rodriguez Larreta fue toda una señal avaladora. Por su parte el gobierno, Ministerio del Interior incluido, como en otros casos de violación de los DDHH, se abstuvieron intervenir. Queda claro como con el FMI, cuando  los grandes intereses se ponen en juego la mentada grieta se esfuma. Allí solo la izquierda política y social puso el cuerpo, tanto en la denuncia como acompañando el reclamo.

Sostiene Guillermo Folguera : “El extractivismo es una cosmovisión y práctica colonial vinculada con este tipo de democracia, con sus límites y características principales. Entonces, se hace imposible revertir las bases extractivistas sin cambiar las prácticas de fondo de esta democracia”.

En tiempos donde la humanidad, irracionalmente amenaza su propia existencia y la de todo el planeta, caminando inconscientemente hacia una catástrofe ecológica que ya está en curso, ignorar desde la política, quienes están a favor o en contra de defender la vida por encima del negocio, es un crimen que no deberíamos ni podemos permitir.

Agosto 2023

Escribe Clara

A un mes y una semana de su llegada a Bs As, el 3er Malón de la Paz que nuclea representantes de más de 300 comunidades indígenas, permanece en resistencia en la Plaza Lavalle frente al que bien llaman “Palacio de la Injusticia”. Vinieron desde Jujuy, donde sus hermanos y familias siguen en lucha contra la reforma inconstitucional de Cambiemos y el PJ que solo pudo ser aprobada mediante una brutal represión al pueblo.  

La reforma fue resistida masivamente por docentes, estudiantes, trabajadores y comunidades, ya que concentra los tres poderes bajo el mando del gobernador, criminaliza la protesta prohibiendo cortes y manifestaciones, y elimina los derechos de consulta de las comunidades sobre sus tierras, estableciendo a la tierra y el agua como “bienes productivos” bajo administración del gobierno provincial. Morales y el régimen político ofrecen así a las megamineras transnacionales atractivas condiciones legales e institucionales para el desguace de las reservas de litio, el moño que completa el regalo. Lo que nos venden las campañas presidenciales como transición energética a formas de producción mas “verdes” es en verdad el colonialismo de este siglo: Desalojos, contaminación, sequía, muerte para estos territorios, en beneficio de negocios millonarios para empresas extranjeras.

Ayer, 7 de septiembre, la comunidad de Abra Pampa denunció que siguen siendo hostigados y hasta los empleados públicos son amenazados por apoyar su lucha, pretenden así aislarlos. Pero a pesar de la incesante persecución y el blindaje mediático, las comunidades no han desistido en sus reclamos. Desde su llegada se han movilizado día tras día a los tres poderes del Estado con sus reclamos que son: la derogación de la reforma jujeña, solicitando su tratamiento a la Corte Suprema, la intervención de la provincia de Jujuy por parte del congreso de la nación, el cese de la represión y persecución, y la elaboración de una Ley de propiedad Comunitaria Indígena. Se han encontrado con la indiferencia absoluta del Estado, que apuesta al desgaste de la permanencia hasta en las cosas más básicas, prohibiéndoles el armado de gazebos para protegerse de la lluvia, privándolos de baños, cortándoles el agua.

Al mes de la permanencia donde se movilizaron día tras día, lograron por fin ser recibidos por el presidente, Alberto Fernández, que se comprometió a abrir una comisión investigadora que se tomará dos meses para analizar los hechos de violencia institucional cometidos en la provincia jujeña. Los hermanos y hermanas, que han sido engañados demasiadas veces por un Estado que los incluye discursivamente mientras asiste al genocidio silencioso y el saqueo de sus tierras en beneficio del extractivismo, se encuentran exigiendo la participación de veedores indígenas en cada territorio y permanecen en lucha para asegurar que esta comisión efectivamente se concrete. Por lo pronto la presidencia se excusa en que falta la firma de su amigo el Ministro de justicia, Martin Soria, de la verdadera casta feudal que gobierna la provincia de Rio Negro hace 20 años para las transnacionales de la fruta y mineras. Juntos vienen de avalar y ejecutar la brutal represión y persecución política al pueblo mapuche.

El 3er Malón ha llamado a todas las fuerzas políticas, candidatos presidenciales que participarán de las elecciones de octubre, así como a los diputados y senadores del Congreso a pronunciarse con respecto a este conflicto. A través de la presencia de Myriam Bregman, y diputades como Juan Carlos Giordano, Romina del Plá, y Alejandro Vilca, el Frente de Izquierda Unidad ha ratificado el apoyo que viene dando a esta lucha en los territorios, denunciado la complicidad de todo el régimen político con el extractivismo.

Acompañamos al Malón en sus reclamos, convocamos a rodearlos de solidaridad y aunar las luchas junto a trabajadores, estudiantes, ambientalistas, mujeres y disidencias, entendiendo que solo en unidad y en las calles enfrentaremos el ajuste, el avance de la derecha y el saqueo. El 11/09 se realizará un festival Pluricultural en Plaza Lavalle, el 14/09 llevaran sus reivindicaciones a la marcha contra el ajuste de la Unidad Piquetera, y el 15/09 a la Marcha de los Lápices para volver a gritar fuerte NUNCA MAS. Arriba las wiphalas, los salarios y los derechos!! Abajo la reforma, el ajuste y el extractivismo!!

 

Ayer nos reunimos en un gran encuentro de intercambio e intervenciones artísticas al cumplirse tres años de que comenzamos a construir la Coordinadora @bastadefalsassoluciones a nivel plurinacional en toda la Argentina.

El encuentro nos dejó, en medio de la compleja situación en que estamos inmerses, la satisfacción de constatar que la Coordinadora que construimos ha sido una herramienta de organización, acompañamiento y contención de luchas y activistas que en todo el país se levantan contra el extractivismo y la depredación ambiental capitalista que impulsan todos los gobiernos.

Estuvieron presentes hermanos y hermanas del Tercer Malón de la Paz, @fadigia de @defendamosnuestrogolfo y la Red de Comunidades Costeras que pelea por un #marlibredepetroleras y contra la ampliación de #vacamuerta. Y se escucharon testimonios desde espacios como @marlibredepetrolerastdfaeias (Tierra del Fuego) hasta @somosmontechaco. Constatar que hay un entramado de resistencias que se va fortalecimiento es clave para los tiempos que se vienen y hay que apostar por eso

Nos llevamos de desafío acompañar el próximo #Atlanticazo y discutir cómo organizar la próxima #huelgamundialporelclima ?

También se sumaron @malena__bass y @elperroadano con su música para cerrar la jornada de la mejor manera.

Sumate a construir en todo el país la Coordinadora y a seguir fortaleciendo la defensa de los territorios.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Mientras esta nota saldrá a la luz nos encontraremos viajando desde Ambiente en Lucha y junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones a participar de las movilizaciones contra la audiencia pública fraudulenta que busca dar luz verde a la ampliación de Vaca Muerta a través de un nuevo oleoducto y polo petrolero. Así mismo, estaremos convocando a movilizarnos este jueves 17/8 a las 9 a la Casa de Río Negro en Buenos Aires (Riobamba y Tucumán).

La iniciativa extractivista es impulsada particularmente por el gobierno nacional y el de Río Negro, pero es fruto del consenso entre los partidos patronales, sean peronistas, libertarios, macristas o partidos provinciales: todos quieren sacrificar territorios para pagar la deuda externa. La condición de posibilidad de esta avanzada fue la modificación de la Ley 3308 (“Ley Lasalle”) que vetaba la instalación de infraestructura petrolera en la provincia. Esta modificación, con tratamiento express en la legislatura rionegrina, violentó todos los principios de “no regresividad en materia ambiental” que el país había suscripto en el último tiempo, tal como el “Acuerdo de Escazú”. Está claro que el único “pacto internacional” que importa en la agenda de estos partidos patronales es el pacto con el FMI.

La ampliación de Vaca Muerta se programó en un año donde el gobierno sobre-importó gas a precio en dólares, dado que debido a las altas temperaturas del invierno sobró el gas en el mercado local para abastecer la demanda, además de que desplomó su precio coyunturalmente. Este dato es mucho más que una anécdota si tenemos en cuenta que estamos atravesando el que puede ser el año más caluroso jamás registrado, que el calentamiento global se encuentra profundamente acelerado, y que es urgente dejar de darle impulso de las formas de energía extremas sumamente contaminantes como el fracking (fractura hidráulica) que se utiliza en Vaca Muerta para extraer gas y petróleo no convencionales. Más fracking son más sismos en las localidades de Neuquén próximas a la explotación, más basurales tóxicos a cielo abierto, más derrames, y una bomba gigantesca de emisiones de gases de efecto invernadero.

El propio nuevo oleoducto, por su parte, atravesaría territorios mapuche ancestrales sin ningún tipo de consulta previa, al mejor estilo Gerardo Morales, y decantaría en el Golfo San Matías, en zonas hoy protegidas por su biodiversidad, hábitat (entre otras especies) de la ballena franca austral, y poniendo en riesgo también la muy próxima Península Valdes. Está probado que este tipo de iniciativas aniquilan el desarrollo pesquero, y en particular el turístico que permitió en los últimos años un crecimiento de algunas localidades como Las Grutas. Sin embargo las burocracias sindicales del sector han sido compradas para guardar silencio ante la amenaza directa a los puestos de trabajo de quienes deberían representar.

Las Asambleas del Curru Leufu, la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías, la Red de Comunidades Costeras, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia han definido articular acciones contra una audiencia fraudulenta, en la que a pesar de discutirse el futuro del país entero solo pueden anotarse residentes de Río Negro y en la que se ha presentado un “estudio de impacto ambiental” ilegible. Nuestra candidata a presidenta Myriam Bregman ha instalado el rechazo a esta audiencia en la campaña electoral, y a esta pelea nos sumamos desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha en todo el país.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La última semana, del 3 al 6 de julio, trajo los días más calurosos desde que la humanidad tiene registro. Incendios, sequías, inundaciones y olas de calor fatales fueron parte de un panorama global que la destrucción ambiental capitalista sólo propone profundizar.

El dato lo otorgó Copernicus, el sistema de observación planetaria de la Unión Europea. Junio se había colocado medio grado por encima de la media de 1991-2020, y batiendo el récord anterior que databa de 2019. Previamente, a lo largo de mayo los periodistas especializados intentaron llamar la atención sobre un dato que no lograba filtrarse hacia los grandes medios, que la temperatura promedio de los mares estaba en niveles insólitamente elevados. Mientras intentaban buscar una explicación certera, el mundo científico alertaba sobre lo que sobrevendrá a continuación: tormentas y eventos climáticos extremos con una violencia furibunda. Luego, consecutivamente la semana pasada se dieron los días terrestres más calurosos jamás registrados cuando el verano en el hemisferio norte recién terminaba de comenzar. La temporada 2023 de catástrofes ambientales había abierto sus puertas.

En efecto, y haciendo un listado parcial podemos enumerar los incendios forestales que en Canadá consumieron el equivalente a un Portugal entero reducido a cenizas y provocaron una humareda que tornó naranja los cielos de ciudades de los Estados Unidos; la ola de calor en México con más de un centenar de fallecimientos; las inundaciones en Italia que produjeron más de una decena de muertos y trece mil personas desplazadas de sus hogares; las inundaciones en Zaragoza ,Estado Español que dieron lugar a la imagen dantesca de automóviles siendo arrastrados por la corriente con sus conductores subidos a los techos para no quedar sumergidos; Pakistán, otra vez, las violentas lluvias de la semana pasada dejaron un saldo provisorio de 76 muertes, incluidos 28 niños, mientras que en la India, el más lluvioso día de julio jamás registrado terminó dando lugar a inundaciones que destruyeron la infraestructura de barrios enteros. Mientras tanto, los pilares de los centenarios templos budistas del Himalaya veían seriamente comprometida su existencia por los desplazamientos de tierra generados por caudales de agua bajando por las laderas de la cordillera. En el otro extremo geográfico, Montevideo comenzó a obtener sólo agua salada de sus canillas debido a la combinación de sequía, calentamiento global, y políticas de saqueo capitalista del agua.

La realidad biofísica del planeta pareciera obstinada en no querer contentarse con las promesas de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los planes de transición energética de los gobiernos y multinacionales. Y ofrece, más bien, las consecuencias lógicamente previstas, matemáticamente calculadas, alertadas, de los impactos del calentamiento global impulsado por la lógica de acumulación de ganancias del sistema capitalista. La llegada del fenómeno “El Niño” (que tiende a generar procesos estacionales de una más elevada temperatura y aumentar las posibilidades de lluvias intensas), combinada con el proceso de aumento de la temperatura global fruto de la acumulación de GEI en la atmósfera, resultan ser las explicaciones que generan mayor consenso entre los especialistas.

Tenemos que prepararnos para que estos fenómenos sigan multiplicándose. Las emisiones depositadas en la atmósfera por la industria capitalista tienen ya de por sí el efecto de continuar el proceso alcista de la temperatura global. Porque, como señaló el último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la infraestructura de combustibles fósiles ya desplegada basta para superar el límite previamente propuesto del 1,5° de aumento de la media global comparada con la previa al comienzo de la era industrial; y porque, como lo demuestran en su escala en nuestro país el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, el plan de los partidos capitalistas es seguir abriendo más y más pozos de explotación hidrocarburífera para sostener las ganancias de las multinacionales del gas y el petróleo.
Al mismo tiempo, hay que señalar que es posible otro camino, de mitigación y freno de las consecuencias más dramáticas de la crisis climática. Pero éste implica pelear tanto por detener las iniciativas de ampliación de la frontera extractivista, dado que en cada una de esas pulseadas podemos recortar la acumulación de GEI; como así también pelear por la salida de fondo: por gobiernos de la clase trabajadora, las comunidades y la izquierda que tomen en sus manos los bienes comunes y la producción en su conjunto para planificar una transición en armonía con la naturaleza y al servicio de las mayorías populares. Cada temporada de eventos climáticos extremos sigue ratificando que la alternativa es socialismo o catástrofe.